El magistrado destaca que se han identificado 73 millones de euros a Portugal, Colombia y China
MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha enviado a prisión provisional, comunicada y sin fianza al empresario Víctor de Aldama --presunto conseguidor del 'caso Koldo'-- y a su socio, Claudio Rivas, por su presunta participación en un fraude a la Hacienda Pública de 182 millones de euros en el sector de los hidrocarburos.
En un auto, recogido por Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 accede a lo solicitado por la Fiscalía Anticorrupción y, además, atribuye a sendos detenidos delitos contra la Hacienda Pública, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales.
El magistrado ha tomado declaración esta misma mañana a los dos detenidos y a la hermana de Rivas, María Luisa, a quien ha dejado en libertad con la obligación de comparecer cada quince días en el juzgado más cercano a su vivienda, la retirada de pasaporte y la prohibición de abandonar el territorio nacional sin autorización judicial.
El juez, que cifra el fraude en cerca de 182 millones de euros, señala como responsables de la organización criminal a los codirectores Claudio Rivas y Víctor de Aldama, como subdirectora a María Luisa Rivas, así como a otros cooperadores y una serie de testaferros situados en los órganos de administración de las sociedades suministradoras.
El magistrado también detalla en su resolución que "se han identificado transferencias al exterior por importe de 73.902.852,60 euros a Portugal, Colombia y China".
Pedraz explica que la organización criminal supuestamente diseñó, implementó y operó una estructura empresarial paralela que utilizó para perfeccionar el blanqueo de los capitales generados. Así, a las cuentas bancarias tituladas por éstas, transfirieron fondos de procedencia delictiva, principalmente, desde las cuentas de las suministradoras.
DINERO DE LA CUOTA DEFRAUDADA
"Dado que el dinero viene de las suministradoras, mercantiles que se emplean para bajar el precio del hidrocarburo con el IVA que no van a abonar, todo el dinero que transfiere procede de la cuota presuntamente defraudada", afirma el juez.
En su resolución, el magistrado analiza la operativa puesta en marcha por los investigados para llevar a cabo la actividad defraudatoria utilizando una serie de sociedades instrumentales para operar en el mercado.
El juez destaca que "la creación de la estructura empresarial tuvo dos fines claramente diferenciados". "Uno orientado al perfeccionamiento del fraude, el cual ha sido, hasta el momento, definido en su práctica totalidad", relata.
El otro, continúa, "claramente orientado al blanqueo de los capitales, el cual está parcialmente identificado advirtiendo que pudiera haber otras sociedades titulando cuentas bancarias en el extranjero que aún no han sido identificadas y, a través de las cuales, podrían operar los investigados salvaguardando el patrimonio vinculado".
El magistrado justifica la prisión provisional de Aldama y Rivas por la gravedad del delito con la pena que en su caso pudiera imponerse y que podría llevar a los imputados a eludir la acción de la justicia.
Añade que en esta fase inicial de la investigación queda por analizar gran parte del material de las entradas y registros, de forma que podrían acordarse nuevas diligencias, a lo que se unen las medidas cautelares reales decretadas para recuperar en lo posible lo defraudado y que podrían verse perjudicadas en caso de quedar en libertad ambos investigados.
ENTRAMADOS SOCIETARIOS INSTRUMENTALES
A través de una nota de prensa, recogida por Europa Press, el Ministerio Público informó el lunes de la operación policial que se estaba llevando a cabo contra una supuesta organización criminal que contaba con una "serie de entramados societarios instrumentales, utilizados tanto para el fraude contra la Hacienda Pública como para el blanqueo de los fondos ilícitamente obtenidos".
Entre los 14 detenidos anunciados por Anticorrupción por esta trama de hidrocarburos figuraba Víctor de Aldama, que ya fue arrestado con anterioridad, también por la UCO, por su implicación con el caso de corrupción vinculado a la trama de compra de mascarillas en la pandemia que afecta a Koldo García, el que fuera asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes, y que instruye el Juzgado Central de Instrucción Número 2.
"A diferencia de otras organizaciones criminales comunes, el tipo de estructura criminal sobre el que se está trabajando, conlleva una elevada complejidad para la investigación, ya que su actividad en un sector legal como el de los hidrocarburos, sumado a los millonarios beneficios obtenidos en periodos de tiempo muy cortos, permiten a estas organizaciones posicionarse en determinados estamentos con diferentes esferas de poder, consiguiendo una alta capacidad de corrupción sobre funcionarios de la Administración", sostiene Anticorrupción.
La causa de la trama de hidrocarburos, declarada secreta, está dirigida por el magistrado Santiago Pedraz, titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional. Se ordenaron 14 detenciones y 11 entradas y registros en domicilios y sedes sociales de empresas, en varias provincias españolas, principalmente en Madrid, Salamanca y Cáceres.