April 17, 2025, Washington, District Of Columbia, USA: United States President Donald J Trump and Prime Minister Giorgia Meloni of the Italian Republic in the Cabinet Room of the White House in Washington, DC, US, on Thursday, April 17, 2025 - Europa Press/Contacto/Chris Kleponis - Pool via CN
MADRID 19 Abr. (EUROPA PRESS) -
Un juez federal ha resuelto este viernes que el presidente Donald Trump no podrá deportar a personas no estadounidenses a terceros países --distintos de su lugar de origen-- sin respetar el debido proceso, lo que incluye permitirles plantear preocupaciones sobre su seguridad.
EEUU puede a día de hoy deportar a personas extranjeras a un país distinto del suyo, incluso si un juez de inmigración ordena su traslado a un lugar donde corran el riesgo de ser torturadas o asesinadas, sin darles la posibilidad de advertir a las autoridades responsables de la deportación sobre el grave peligro o amenaza de muerte que enfrentan, ha subrayado el magistrado Brian Murphy en una orden judicial recogida por ABC News.
Murphy ha alertado que el gabinete de Trump "ha aplicado y seguirá aplicando la supuesta política de expulsar a extranjeros a terceros países sin previo aviso ni oportunidad de ser escuchados sobre reclamos basados en el miedo; en otras palabras, sin el debido proceso".
Así las cosas, el juez ha aseverado que su orden busca prevenir el "daño irreparable" --persecución, tortura y muerte-- al que pueden enfrentarse estas personas en los países a los que se las envía, donde frecuentemente no tienen la oportunidad de impugnar ante la Justicia su deportación.
En la misma línea, el fallo de Murphy obliga a la Casa Blanca a notificar por escrito a los extranjeros antes de deportarlos a un tercer país, así como a garantizarles una "oportunidad significativa" para manifestar sus inquietudes en materia de seguridad, ofreciéndoles un plazo mínimo de 15 días para solicitar la reapertura de sus procesos migratorios.
Esta decisión llega después de que el presidente estadounidense apelara el mes pasado a la Ley de Enemigos Extranjeros para enviar a dos aviones cargados con presuntos miembros de pandillas venezolanos a la megacárcel CECOT (Centro de Confinamiento del Terrorismo) en El Salvador, sin brindarles un proceso legal adecuado y con garantías.