ECUADOR, 20 Jan (EUROPA PRESS)
El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas acusó a las autoridades ecuatorianas y nicaragüenses de violar el "derecho a vivir con dignidad" de varias niñas menores obligadas a continuar con embarazos resultantes de violaciones y asumir la crianza de los hijos nacidos de estos hechos violentos. Estos casos, uno en Ecuador y dos en Nicaragua, implican a niñas de 12 y 13 años que fueron víctimas de violaciones, situaciones denunciadas por Hélène Tigroudja, miembro del Comité, como "equivalentes a tortura y a una falta de protección".
Las menores, al no encontrar justicia ni recursos efectivos en sus países, presentaron sus casos al Comité de Derechos Humanos de la ONU, que concluyó que no se habían investigado los hechos adecuadamente. Esto representa una omisión de la obligación de los estados, según el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de "ejercer un deber reforzado de protección en caso de una niña víctima de violencia".
Tigroudja destacó el "alto nivel de angustia" sufrida por las niñas debido al abuso sexual, el embarazo no deseado y el estigma en su comunidad, así como la carga emocional y financiera de criar a un hijo nacido de una violación en condiciones de pobreza. Subrayó la necesidad de combatir la violencia sexual y proporcionar educación de salud sexual y reproductiva, garantizando el acceso al aborto para todas las víctimas de violencia sexual.
En detalle, se expone el caso de una niña ecuatoriana de 13 años, embarazada como resultado de una violación incestuosa por su padre, quien ya tenía antecedentes de abuso dentro de la familia. A pesar de la existencia legal del aborto terapéutico en Ecuador, la práctica resulta "casi imposible", forzando a la menor a dar a luz. Intentó sin éxito que el niño fuera criado por otros familiares, terminando obligada a criarlo bajo condiciones de pobreza y sin acceso a educación.
Otro caso en Nicaragua involucra a una menor criada por sus abuelos, siendo abusada desde los seis años por su abuelo y forzada a trabajar sin recibir educación. A los doce años, quedó embarazada producto de violaciones por parte de su abuelo, en un país donde el aborto está prohibido. Pese a denunciar y solicitar protección tras el parto, las autoridades le informaron que no podían garantizar su seguridad debido al poder del agresor en la zona.
El tercer caso concierne a otra niña nicaragüense de 13 años, repetidamente violada por el sacerdote local, quien después le obligaba a tomar pastillas anticonceptivas de emergencia. Luego de quedar embarazada, denunció al sacerdote, enfrentándose a presiones para retirar los cargos debido a la posición social y religiosa del acusado.