LIMA, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -
Organizaciones de Derechos Humanos han criticado este sábado la decisión de la Fiscalía de no acusar al ex presidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) por las esterilizaciones forzosas a mujeres indígenas.
"Esta resolución (del Ministerio Público) vulnera nuevamente el derecho a la verdad y al acceso a Justicia y reparación de las víctimas", ha considerado la ONG Demus, que ha seguido de cerca estos casos, según informa el diario 'Perú21'.
Por su parte, el Instituto de Defensa Legal ha adelantado que podría presentar un recurso de queja para que el caso pase a una instancia superior de la Fiscalía. "Esperamos revertir esta situación", ha dicho su abogado, Sigfredo Florián.
El fiscal Marco Guzmán Baca ha concluido este viernes que Fujimori y sus ex ministros de Salud Alejandro Aguinaga, Marino Costa Bauer y Eduardo Yong Motta no tienen "ninguna responsabilidad delictiva" en los casos de esterilizaciones forzosas a mujeres indígenas.
Guzmán Baca ha ordenado archivar la denuncia en lo que respecta al delito de crimen de lesa humanidad porque "no se han encontrado indicios" de que el Gobierno de Fujimori hubiese tenido intención de esterilizar de manera forzosa a las mujeres pobres del país.
"En algunos casos las esterilizaciones afectaban a la integridad física de las mujeres y ha habido presiones sobre mujeres con muchos hijos para persuadirlas de hacerse esterilizaciones, pero no se encontró ningún caso de que haya sido a la fuerza", ha sostenido.
Además, ha indicado que en estos casos no se cumple el requisito de existencia de una "estructura de poder jerárquica y rígidamente vertical". "El Ministerio de Salud es otra cosa, nadie puede obligar a un médico a hacer algo contra su voluntad", ha apostillado.
Guzmán Baca solamente ha dejado abierto el caso de María Mamérita Mestanza, una campesina de Cajamarca que murió en el marco de la intervención quirúrgica. El Ministerio Público acusará a los seis médicos que participaron en esta esterilización.
La Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial reabrió la investigación de las esterilizaciones forzosas en junio del 2013 a raíz de una recomendación hecha por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado peruano, ya que el número de mujeres afectadas era muy alto.
CONTROL DE NATALIDAD
De acuerdo con algunas de las investigaciones judiciales, el Gobierno de Fujimori podría haber implementado un programa de control de natalidad que consistió en realizar esterilizaciones forzosas a 1.500 mujeres de las zonas alto andinas del país.
"En la década de 1990 existió, como política de Estado, un programa de planificación familiar, en el que se encontraban las esterilizaciones, que debían ejecutarse siempre y cuando existiera el consentimiento expreso de la persona afectada, es decir, debían ser voluntarias", explicó a finales de 2012 el Ministerio de Justicia.
"No obstante, el Estado peruano está investigando denuncias penales relativas a esterilizaciones que aparentemente se realizaron sin dicho consentimiento expreso o no debidamente informado, lo que hace pensar que también hubo esterilizaciones forzadas", concluía.