ECUADOR, 30 Dec (EUROPA PRESS)
En una reciente comparecencia ante una comisión de la Asamblea junto a la cúpula de las Fuerzas Armadas, el ministro de Defensa de Ecuador, Gian Carlo Lofredo, negó que la desaparición de cuatro jóvenes del barrio Las Malvinas, el pasado 8 de diciembre, sea resultado de una operación militar. Lofredo afirmó que la detención de los adolescentes, de entre 11 y 15 años y cuya ubicación actual sigue siendo un misterio, respondió a un "presunto acto de flagrancia". Según sus palabras, los militares se encontraban en retorno a la base de Taula cuando se toparon con los jóvenes cometiendo un presunto delito, actuando entonces por "deber ciudadano".
Este pronunciamiento ha tenido lugar mientras el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), una ONG ecuatoriana, solicitó a la Asamblea iniciar un proceso de 'impeachment' contra Lofredo, acusación que se suma a la ya presentada por la fuerza opositora Revolución Ciudadana.
La situación de los cuatro adolescentes se ha tornado aún más grave tras más de 20 días de su desaparición. Una jueza reconoció recientemente que estos hechos constituyen una "desaparición forzada" con responsabilidad estatal, tras aceptar un recurso de las familias, quienes denunciaron la falta de acción oficial a pesar de la existencia de imágenes que muestran a militares deteniendo y golpeando a dos de los niños antes de subirlos a una camioneta. El 19 de diciembre, se hallaron cuatro cuerpos calcinados cerca de la base aérea del Ejército en Taura, a 30 kilómetros de Guayaquil, cuya identificación podría demorarse hasta un mes debido al avanzado estado de descomposición.
Actualmente, 16 militares están bajo investigación y se espera que sean formalmente acusados por delitos de desaparición forzada. En una entrevista, algunos militares alegaron que los jóvenes fueron aprehendidos tras robar a una mujer, pero fueron liberados "sanos y salvos" antes de llegar a la estación de policía para atender una emergencia de otra índole.
Este caso ha reavivado la polémica en torno a la decisión del presidente Daniel Noboa de declarar el estado de conflicto armado interno en enero de 2024, con el fin de combatir al crimen organizado, decisión que ha visto al Ejército involucrado en al menos diez desapariciones desde entonces.