ECUADOR, 14 Nov (EUROPA PRESS)
La suspensión temporal de la vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, por el presidente Daniel Noboa, ha generado una amplia reacción entre los exjefes de estado y de gobierno de Latinoamérica, agrupados en la Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA). Este colectivo expresó su "grave preocupación" ante lo que consideran una "grosera violación" de la Constitución ecuatoriana, subrayando que la elección de Abad es resultado del "ejercicio de la soberanía popular".
Según ellos, remover a un funcionario público mediante una autoridad administrativa, y no por medio de una resolución judicial, contraviene lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este sentido, el Grupo IDEA manifestó su deseo de evitar cualquier situación que pueda alterar el orden constitucional y democrático de Ecuador, especialmente en momentos en que el país es sede de la Cumbre Iberoamericana.
En este contexto, los exlíderes hicieron un llamado al secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, a que mantenga un seguimiento activo de la situación y que, de ser necesario, actúe conforme a lo estipulado por la Carta Democrática Interamericana. Entre los firmantes del comunicado, se encuentran figuras destacadas como el expresidente del Gobierno español José María Aznar y los expresidentes ecuatorianos Osvaldo Hurtado, Jamil Mahuad, Lenín Moreno, y Guillermo Lasso.
El día de la publicación de este comunicado coincide con la condena por parte de la Asamblea Nacional de Ecuador a la decisión de suspender a la vicepresidenta, calificándola de "ilegal e inconstitucional" y anunciando que llevarán el caso ante el Tribunal Constitucional.
La suspensión de Abad, dictaminada por un periodo de 150 días, fue justificada bajo acusaciones de "abandono injustificado" de sus funciones, después de retrasar su traslado de Israel hacia Turquía en un cambio de misión diplomática debido al conflicto bélico. Este evento marca otro episodio en la creciente tensión política entre Abad y Noboa, iniciada durante la campaña electoral de 2023 y agravada tras el nombramiento de Abad como embajadora en Israel, lo que ella interpreta como un intento por marginarla de la administración pública de cara a las elecciones de 2025.