ECUADOR, 12 Feb (EUROPA PRESS)
La salud mental y física del exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, actual recluso en la cárcel de La Roca en Guayaquil por acusaciones de corrupción, se encuentra en un "estado de especial gravedad", alertó este martes la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH). Glas fue detenido en abril de 2024 en la Embajada de México en Quito, adonde había huido buscando asilo político debido a temores por su seguridad.
Durante una visita en octubre de 2024, la CIDH observó la precariedad de la situación de Glas, quien, a pesar de recibir atención médica proporcionada por el Estado, muestra signos de un grave deterioro en su salud mental. El organismo subrayó que las condiciones de su detención y los episodios de violencia en la prisión podrían estar causando un impacto negativo en su bienestar emocional y físico.
Ante esta situación, la CIDH resolvió ampliar las medidas cautelares para asegurar que los derechos a la salud física y mental de Glas sean adecuadamente protegidos, lo cual incluye la aplicación de protocolos para evaluaciones y tratamientos médicos hospitalarios según lo dictamine la evidencia médica. Además, instó a mejorar las condiciones de detención del exvicepresidente para que sean consistentes con los estándares interamericanos de tratamiento médico adecuado tanto físico como mental.
El Gobierno mexicano, por su parte, expresó haber "tomado nota" de la resolución de la CIDH y rememoró que, conforme al Derecho Internacional, le concedió asilo político a Glas el 5 de abril de 2024. Sin embargo, la misma noche de su concesión, Glas fue "sustraído ilegalmente" de la sede diplomática mexicana en Quito, donde se resguardaba. México continúa exhortando a que se garantice la vida, integridad personal y derechos fundamentales de Glas, y se le brinde el salvoconducto necesario para otorgarle la protección internacional que merece conforme a las leyes internacionales.
La intervención en la Embajada de México y la detención de Glas se produjeron bajo acusaciones por parte del Estado ecuatoriano de un supuesto delito de malversación de fondos públicos relacionados con la reconstrucción de la provincia de Manabí, devastada por un terremoto en 2016 que causó la muerte de más de 670 personas.