El ministro de Justicia afirma que "la memoria garantiza la no repetición" y dice que aún hay causas pendientes
Lamenta que el primer proceso constituyente fracasara "producto de sus propios errores"
MADRID, 23 May. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Justicia de Chile, Luis Cordero, ha destacado este martes el "esfuerzo genuino" del país latinoamericano a la hora de reparar los crímenes de la dictadura de Augusto Pinochet dada la puesta en marcha "tempranamente y tras el retorno a la democracia" de medidas de reconocimiento y reparación de las víctimas, algo en lo que, ha matizado, "el caso español sería el contraejemplo".
En una entrevista con Europa Press, Cordero ha hecho hincapié en que, "a diferencia de otros procesos, el chileno se ha basado fundamentalmente en dos grandes puntos: el establecimiento de comisiones de verdad (...) y el ejercicio de las acciones judiciales contra los perpetradores de esos crímenes".
"Esto llevó a una progresiva acción de los tribunales, que no se han inhabilitado para investigar los crímenes de la dictadura. Y esto fue mucho más evidente en el caso de Chile después de la detención de Pinochet en Londres. Después de su detención, los jueces no solo tuvieron un papel mucho más protagónico sino que aplicaron el Derecho Internacional, calificaron esos crímenes de lesa humanidad, han condenado a las cúpulas de los órganos de represión y siguen hasta el día de hoy condenando a los culpables", ha explicado.
En este sentido, ha puntualizado que casi 50 años después del golpe de Estado sigue habiendo un "número importante de causas pendientes", aunque el "Estado chileno ha sido condenado (...) y obligado a pagar cuantiosas indemnizaciones a las víctimas".
Cordero ha especificado que el Gobierno tiene ahora por delante la tarea de "transformar el enfoque del Estado en materia de Derechos Humanos en una política pública permanente y no en una acción que dependa estrictamente de los familiares". "El primer objetivo del denominado plan de búsqueda es saber las circunstancias generales en que las personas fueron detenidas y hechas desaparecer", ha añadido.
"La búsqueda judicial en Chile ha tenido sus efectos, pero el sistema no puede seguir descansando simplemente en el rol de los tribunales. (...) Nos queda trabajar en memoria y no repetición", ha advertido antes de aclarar que Chile "tiene mucho que aprender en términos de memoria colectiva, que es algo que va más allá de los tribunales".
Así, ha señalado que "tiene que ver con la presencia y la conciencia permanente de que los crímenes de la dictadura no fueron solo de lesa humanidad sino que la memoria garantiza la no repetición, la presencia permanente de que la democracia cuesta y cuesta mucho, y que es muy riesgoso para una sociedad perderla".
PROCESO CONSTITUYENTE
Sobre la victoria de la ultraderecha en las elecciones para elegir a los consejeros constitucionales en el marco del proyecto constituyente en el que se ha visto inmerso el país, el ministro ha planteado la posibilidad de que la campaña electoral se enfocara como una crítica al Gobierno y habla de un posible "efecto pendular" en un contexto de "voto obligatorio".
"La campaña estuvo muy focalizada en los temas de seguridad", ha especificado antes de analizar que, precisamente el Partido Republicano posee "ese discurso de la derecha más tradicional, la derecha más proclive al régimen, con un discurso de seguridad y autoridad muy severo (...) que permeó en la sociedad chilena considerando que el contexto era de voto obligatorio", ha sostenido.
En esta línea, se ha mostrado dubitativo sobre la posibilidad de que la ultraderecha sea capaz de darle gobernabilidad al órgano constituyente y aventura la puesta en marcha de estrategias electoralistas de cara a futuros comicios: "Detectaron bien las críticas en materia de seguridad, pero la pregunta es si son capaces de darle gobernabilidad al órgano constituyente".
Asimismo, ha abordado el fracaso de la reforma constitucional sometida a voto en septiembre de 2022 --y que se topó con el voto en contra del 62 por ciento de los chilenos-- y ha lamentado que el "primer proceso constituyente fracasó producto de sus propios errores".
Si bien ha subrayado que el proceso ha servido de "aprendizaje" para el resto del mundo, se ha remontado a la crisis de octubre de 2019 para señalar que "llevó al país a buscar un canal institucional" que derivó en la redacción de un nuevo texto constitucional.
Sin embargo, ha puntualizado que en el proceso "se confundió el objetivo, que era redactar una Constitución, con hacer transformaciones sustanciales en la política pública chilena". "Una sociedad admite reformas, la pregunta es si admite muchas reformas a la vez", ha sopesado, en un ejercicio de autocrítica. "El texto de la propuesta de nueva Constitución implicaba reformas estructurales en muchos ámbitos a la vez. (...) Hay veces que la pasión y el entusiasmo sobrepasan el sentido de la realidad", ha continuado.
En relación con la posibilidad de que la población de el 'sí' definitivo en un nuevo referéndum, ha indicado que "está por ver si esta reforma sale adelante" y ha recordado que "se están votando las enmiendas del borrador que se propondrán al consejo constitucional" recientemente formado.
No obstante, se ha mostrado algo optimista al considerar que "has ahora se han logrado consensos bastante transversales", pero ha apuntado a que "la gran interrogante es si un consejo constitucional dominado por la derecha va a admitir la razonabilidad del texto que se está proponiendo hoy".
CRISIS DE SEGURIDAD
Cordero, que asumió el cargo tras la crisis de los indultos otorgados por el presidente, Gabriel Boric, ha aseverado que el país atraviesa una crisis de seguridad, especialmente en la zona sur, debido a la "sustitución" del Estado por parte de organizaciones criminales debido al "retraimiento del Estado producto de la pandemia".
"La vuelta a la normalidad ha provocado una serie de inconvenientes, una de ellas es la violencia, que en el caso de Chile no era vista con anterioridad", ha manifestado antes de defender la nueva ley sobre el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad chilenas.
El ministro, que ha alertado de que Chile cuenta con una tasa de encarcelamiento alta, ha reconocido que existe una "sobrepoblación" penitenciaria "compleja", con unas 49.000 personas encarceladas, y ha aclarado que el país vive un momento de "crispación". Así, ha declarado que la nueva ley sobre el uso de la fuerza, que ha provocado "roces en el seno del Gobierno", responde a la muerte de varios policías.
"Chile es un país que tiene cierta predilección por la seguridad y el orden", ha apuntado antes de admitir que el proyecto de ley provocó una "polarización" y ha recalcado que los riesgos de abuso "podrán contenerse". "La Justicia chilena no se autorrestringe cuando existe un uso indebido de la fuerza, entre otras razones por nuestra historia", ha expuesto.
Respecto al conflicto en la Macrozona Sur del país, ha apuntado que está vinculado a "determinados grupos radicales, muy específicos" y ha incidido en que el estado de excepción declarado en la zona ha cumplido un año. "El Gobierno entiende que parte de la agenda para abordar este asunto tiene que ver con tratar de resolver los problemas sociales que dieron origen al mismo", ha resaltado el ministro, que se ha sumado a las palabras de la ministra del Interior, Carolina Tohá, al considerar que algunos de los actos que se producen en la zona se pueden calificar de "terroristas".
Cordero ha recordado a su vez que se trata de un conflicto vinculado a la distribución de tierras y que "excede a la actual administración". "Precede par de décadas anteriores y es un conflicto que no depende de un texto constitucional sino de la eficacia de determinadas políticas públicas", ha apuntado antes de incidir en que "se ha utilizado la violencia como medio de reivindicación".