BRASILIA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -
Casi 1.200 campesinos fueron asesinados o desaparecieron por motivos políticos entre septiembre de 1961 y octubre de 1988, incluido en el periodo de la dictadura militar en Brasil (1964-1985), según el informe presentado este miércoles por la Secretaría de Derechos Humanos a la Comisión Especial sobre Muertos y Desaparecidos Políticos (CEMDP).
De los 1.196 casos que recoge el informe --3,5 veces más la cifra oficial de muertos por persecución política reconocidos oficialmente--, solo 51 de ellos fueron analizados por la CEMDP y de ellos en 29 se confirmó que su muerte fue por motivos políticos.
En opinión de Gilney Viana, asesor de la ministra de Derechos Humanos, Maria do Rosário, esta desproporción demuestra que "los campesinos fueron excluidos en vida y siguen siendo excluidos en la muerte".
La cifra de muertos, según Viana, refuta la tesis de que la dictadura militar en Brasil fue "blanda" en comparación con la de otros países de la región. "Aquí murió más gente que en Uruguay", ha añadido, según la agencia Brasil.
Según el informe, hubo muertes de campesinos tanto durante el régimen militar como durante el régimen civil. Así, cuatro personas fueron asesinadas antes del golpe militar de abril de 1964; 756 murieron durante la dictadura; y 436 después de 1985, durante la transición civil.
ORGANIZACIÓN POLÍTICA DE LOS CAMPESINOS
De acuerdo con el documento, el aumento de la violencia en las zonas rurales a partir de 1979 y durante la llamada Nueva República se debió a la organización política de los trabajadores agrícolas.
"En el campo se promovió y se toleró una vasta ola represiva contra organizaciones y luchas campesinas que dejó cientos de asesinatos de líderes" campesinos, explica el texto, que cifra en 602 los líderes muertos. Entre ellos, hubo 75 sindicalistas, catorce abogados y siete religiosos.
Por otra parte, según el informe, uno de cada cuatro casos fue investigado por la Policía y de ellos apenas el 5 por ciento culminaron en un fallo judicial.
Del total de muertes, solo el 15 por ciento fueron a manos de la Policía y el Ejército, mientras que la mayoría fueron obra de milicias o sicarios a sueldo. Esto no impide, según el informe, que se hable de represión policial de los campesinos puesto que hubo participación directa pero también "indirecta" de los agentes del Estado "por complicidad, omisión, encubrimiento y apoyo".
Por último, el texto recomienda que estos casos "sean examinados, esclarecidos y reconocidos por la Comisión de la Verdad", ya que la CEMDP ya está fuera de plazo.
La Secretaría de Derechos Humanos también está preparando un estudio sobre la situación de los indígenas, que principalmente se vieron afectados por los grandes proyectos de infraestructuras. Según Viana, hay casos documentados de indígenas a los que se trató como guerrilleros por resistirse a las obras. Se espera que este informe esté listo para diciembre.