MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -
Argentina ha perdido su intento de anular la orden de un tribunal británico de pagar 1.500 millones de dólares (1.385 millones de euros) para compensar a los inversores por las pérdidas sufridas en los títulos ligados al crecimiento del país.
El Tribunal de Apelación rechazó este miércoles el recurso sobre los pagos a los fondos de cobertura, entre ellos Palladian Partners LP. Los inversores alegaron que las pérdidas se debían a un cambio en el método de cálculo del Producto Interior Bruto (PIB) del país.
La sentencia es otro revés para el país, que lucha contra una inflación anual cercana al 300% y una recesión que se agrava, incluso después de la terapia de choque económico del presidente Javier Milei. La nación sudamericana correría el riesgo de tener dificultades para pagar parte de su deuda si se ve obligada a desembolsar 1.500 millones de dólares en este caso, según argumentaron sus abogados el mes pasado.
La raíz del caso está en el impago de 95.000 millones de dólares (87.700 millones de euros) de deuda del país en 2001, en medio de una de las peores crisis financieras de su historia. Los bonos ligados al PIB, que se pagan cuando la expansión económica alcanza un umbral determinado, formaban parte de un programa de reestructuración.
La disputa surgió después de que Argentina cambiara el año base para calcular el crecimiento en 2013. Los fondos de cobertura, entre los que también se encuentran HBK Master Fund LP, Hirsh Group LLC y Virtual Emerald International Ltd., alegaron que Argentina realizó los cambios para evitar el pago de los bonos.
Los cambios eran necesarios para evitar que los rendimientos de los bonos se guiaran por la "obsoleta medida del PIB de 1993" hasta 2035, argumentaron los abogados de Argentina.
A principios de año, el Tribunal de Apelación ordenó al país depositar 310 millones de euros (334 millones de dólares) en una cuenta antes de la vista de mayo.
Según lo ordenado por el tribunal, Argentina también debe publicar ahora los datos del PIB requeridos para los valores de cada año a partir de 2014, de modo que puedan evaluarse los pagos correspondientes a esos años posteriores.