MADRID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -
La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha pedido este viernes al Congreso de Paraguay que rechace el nuevo proyecto de ley aprobado de forma "apresurada" el pasado martes por el Senado que impone restricciones "sustanciales" a la financiación de las ONG.
El Alto Comisionado ha lamentado la aprobación del proyecto de 'Ley de control de organizaciones no gubernamentales', aprobado con 34 votos a favor y nueve en contra, que contempla además "requisitos adicionales de registro y sanciones desproporcionadas" para aquellas asociaciones que incumplan con el procedimiento.
En un comunicado publicado en su página web, la portavoz del organismo, Marta Hurtado, ha advertido del "impacto negativo" de esta ley en la labor de las organizaciones de la sociedad civil, alegando que "obstaculizaría el ejercicio de la libertad de asociación y expresión".
"El Derecho Internacional de los Derechos Humanos reconocen el derecho de las organizaciones de la sociedad civil a buscar, obtener y utilizar recursos para poder operar con eficacia", ha recordado.
Además, Naciones Unidas ha llamado a las autoridades de Paraguay a que inicien consultas "significativas e inclusivas" actores de la sociedad civil y a que "garanticen" un marco normativo que respete el Derecho Internacional.
Amnistía Internacional expresó el pasado martes "grave preocupación" por este proyecto, porque considera que "viola el derecho a la libertad de asociación" y pone en riesgo la actividad y "autonomía" de las organizaciones de la sociedad civil en Paraguay.
La organización alertó de que su "falta de precisión y claridad (...) y amplio alcance" permite a las autoridades "incorporar fondos privados de las organizaciones al presupuesto general de la nación", lo que supondría "la confiscación de los bienes y recursos" tanto de las ONG como de sus miembros y donantes.
Estas declaraciones se suman a las de otras organizaciones, miembros de la oposición y de la Iglesia Católica que han advertido de las "graves consecuencias para el sistema democrático representativo, participativo y pluralista" que tendría el proyecto, según apunta el diario paraguayo 'La Nación'.
El texto pasará ahora para consideración de la Cámara de Diputados, cuyo presidente, Basilio 'Bachi' Núñez, ya ha defendido la propuesta alegando que se trata de una recomendación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), una organización intergubernamental que agrupa a 17 países del continente americano para prevenir y combatir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.